A raíz de la transposición de diferentes directivas europeas de residuos, el Estado español afrontó durante 2021 y 2022 la aprobación de una nueva Ley de Residuos que supuso el primero gran paso para afrontar la erradicación del amianto en nuestro territorio.
Aprobada el 8 de abril de 2022, la nueva Ley de Residuos obligaba en todos los municipios a realizar un censo de instalaciones con amianto y a presentar un plan para su retirada. Esta información tiene que ser pública y compartirse con las administraciones autonómicas competentes porque se pueda hacer un correcto seguimiento de su eliminación.
Este hito fue consecuencia de decenas y decenas de entidades sociales que han trabajado durante los últimos años para poner de relieve la amenaza del amianto, durante tanto de tiempo silenciada. Y más concretamente de la plataforma social que ha exigido la inclusión del censo como primer paso en esta nueva Ley de Residuos.
Ahora, se cumple el primer cumpleaños de este hito, y es el momento de ver el compromiso real de las administraciones hacia las víctimas potenciales del amianto y de cumplir con la ley, que una vez pasada un año, ya obliga los ayuntamientos a tener su censo de elementos de amianto a sus términos municipales.