Hace tiempo que sabemos sobre las consecuencias del amianto y hace tiempo que escuchamos a muchas entidades reclamando soluciones pero, como sus fibras, su presencia ha resultado invisible para las administraciones durante décadas.
Por suerte, y gracias a la lucha de varios colectivos, esto hace años que está cambiando.
Extrabajadores y trabajadores afectados, vecinos y familias que lo conviven de cerca y la experiencia de varios países más avanzados en la lucha contra esta sustancia cancerígena han transformado el amianto de amenaza silenciosa, a problema prioritario para la administración pública.
Y a este caldo de cultivo se suman las directivas europeas, que obligan a su retirada total de todos los edificios públicos o muy transitados en 2028 y a la retirada general en 2032.
En el ámbito catalán, se está redactando un plan nacional para su retirada y una ley para su erradicación, mientras que en España, la nueva ley de residuos que se tiene que aprobar este 2021 también está previsto que incluya un apartado dedicado al amianto.
Por primera vez, la administración parece decidida a tratar el tema como un problema de salud general, el primer gran paso que piden todos los colectivos afectados. Y, a partir de aquí, detectar todo el amianto y dimensionar, por primera vez, la magnitud del problema.
Es el momento.