En breve, el 8 de abril, se cumplirá un año de la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que contenía una obligación específica para los ayuntamientos respecto a la retirada de amianto. La ley, deba un margen de un año a todos los municipios para elaborar un censo con todos los elementos de amianto, tanto públicos como privados, dentro de su término municipal y preparar un plan para su correcta retirada.
Pero lo cierto es que, la inmensa mayoría de ayuntamientos, no han cumplido con ese requerimiento y, el Defensor del Pueblo, en su informe de 2022, ha llamado la atención sobre ese asunto.
El Defensor del Pueblo considera que los municipios deben impulsar la elaboración de un censo de elementos de amianto, principalmente en tejados y cubiertas, para fomentar la retirada de este material tóxico lo antes posible. Ese censo de amianto deberá ser enviado a las Comunidades Autónomas antes del 8 de abril, pero el Defensor señala que "algunas administraciones se hallan aún en las fases preliminares de impulso de las medidas previstas en la norma y, por tanto, las posibilidades de cumplir el plazo son escasas".
Por ello, ha sugerido a las consejerías de medio ambiente de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia a que agilicen los trámites para obtener un censo de elementos de amianto en sus municipios lo antes posible.