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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha anunciado la prohibición definitiva por su vinculación con el desarrollo de varios tipos de cáncer. El motivo de esta decisión son las más de 40.000 muertes directamente relacionadas con la exposición al amianto. En concreto, se han constatado casos de cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de ovario o cáncer de laringe. Por suerte, en España, el uso de amianto está prohibido desde inicios de los 2.000. Pero, lamentablemente, su presencia no ha desaparecido de nuestras vidas, ya que la inmensa mayoría del amianto utilizado, aunque ya haya pasado su vida útil, sigue presente en tejados, cubiertas, bajantes y demás elementos de construcción. Es por ello que en 2022, la Ley de Residuos aprobaba un artículo para que todos los municipios elaborasen en un año un censo municipal de elementos de amianto en sus poblaciones y un plan de retirada. Casi ningún municipio ha cumplido a día de hoy con la normativa, por lo que, la mejor manera de eliminar de verdad el amianto y acabar con su amenaza para la salud de la ciudadanía es elaborar un censo municipal de amianto para poder comprender su amenaza y actuar para su erradicación.

Desgraciadamente, algunos municipios no ven la necesidad de realizar un censo para saber el amianto que hay en su término municipal. El amianto ha sido un problema silenciado durante décadas y, el hecho que sus consecuencias tarden en desarrollarse en forma de graves enfermedades respiratorias, hace que para algunos gestores públicos, su erradicación no sea una prioridad. Aun así, de las muchas causas que justifican la necesidad de hacer un censo del amianto en todos los pueblos y ciudades del estado, la primera tendría que ser siempre la de proteger a las personas más vulnerables. Muchos elementos de amianto, especialmente las cubiertas, conviven muy cerca de guarderías, colegios e institutos, cosa especialmente grave, puesto que el riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria en el caso de inhalar fibras de amianto de un niñ@ es cinco veces más grande que el de un adulto. Solo en Cataluña, el Gobierno tiene detectados 271 centros educativos donde hay que hacer alguna actuación por presencia de amianto. Además, otros edificios con clara presencia de grupos de riesgo, como hospitales, ambulatorios, centros de adultos o bibliotecas, tampoco se escapan de la presencia masiva de amianto en sus alrededores. En el caso de Catalunya, la Generalitat ya hace años que anuncia un censo del amianto de su territorio, pero todavía no ha llegado. Y, paralelamente, desde abril de 2023, pide a todos sus municipios que cumplan con la ley de residuos española y faciliten sus censos de amianto.

En el último año, más de 20 ayuntamientos catalanes ya han elaborado su censo de cubiertas de fibrocemento con presencia de amianto gracias a su colaboración con Detecta. La Ley de Residuos española obligaba en todos los municipios a estatales a presentar un censo de amianto y un plan de retirada antes del 9 de abril del 2023 y, en los últimos 12 meses, los ayuntamientos que han confiado en *Detecta han podido cumplir con este mandato legal. Hace años que, en Cataluña, la Generalitat anuncia un censo de amianto de todo el territorio. Aun así, este censo no llega y la misma hoja de ruta de la Generalitat obliga los municipios a hacer su mapa de presencia de amianto y reportar los datos de los elementos identificados.

Según ha informado recientemente la Generalitat de Cataluña, solo un total de 73 ayuntamientos catalanes han presentado los censos de elementos de amianto y cubiertas de fibrocemento. Esto supone que solo el 8% de los consistorios cumplen con la Ley de Residuos estatal, que obligaba a presentar este censo antes del 10 de abril del 2023 junto con el plan de retirada del amianto de los municipios. De los 73 casos, en 47 se ha comunicado que hay presencia de amianto en varios puntos, mientras que en 26 los consistorios aseguran que no hay rastro del material en sus municipios. La Generalitat prefiere no detallar qué municipios han presentado el censo y qué no, pero concreta que la mayoría de ayuntamientos que lo han hecho son de municipios pequeños.

Fuente: Generalitat de Catalunya En el marco de la elaboración de la futura Llei de l'Amiant de Catalunya, la Generalitat acaba de habilitar un formulario para que los ayuntamientos puedan cumplir con la Ley de Residuos 7/22 y entregar los censos de los elementos de amianto en instalaciones públicas y privadas en su municipio, así como los planes de erradicación de estos. La Ley estatal obliga a tener un censo de cubiertas de fibrocemento y otros materiales de amianto en los ayuntamientos y, con este paso, la Generalitat ha querido facilitar la remisión de estos documentos, al mismo tiempo que ha habilitado un documento de preguntas frecuentes para facilitar a los municipios esta tarea.

Un incendio en una nave industrial en Terrassa ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de para los ayuntamientos de tener un censo de los elementos de amianto y un plan de retirada de los mismos, como obliga la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El interior de esta nave de Terrassa empezó a arder, destrozando el techo de fibrocemento de la misma, cosa que ha convertido a la zona, con varios pisos residenciales alrededor, en altamente peligrosa. De hecho, decenas de vecinos han tenido que ser aislados ante esta amenaza. Las cubiertas de fibrocemento están presentes en todos los municipios y, al trabajar con múltiples ayuntamientos, estamos viendo que muchas veces están situadas cerca de lugares muy sensibles como escuelas, centros médicos, restaurantes, parques, etc. De ahí la necesidad de contar con un buen censo de elementos de amianto y fibrocemento como primer paso para su erradicación.

Ecologistes en Acción ha denunciado al Ayuntamiento de Alicante por el incumplimiento de la Ley de Residuos porque, al haberse cumplido un año de su publicación, el consistorio todavía no ha presentado un censo con los elementos de amianto ni un plan para su erradicación. "Son palpables los retrasos de retirada de este peligroso material de edificios públicos como los colegios, y a ello hay que añadir un riesgo mayor dada la cantidad de vertidos de obra incontrolados, con porcentajes de amianto, que proliferan por todo el municipio", han criticado desde la entidad ecologista. Esta es la primera de las muchas denuncias que pueden empezar a producirse contra los municipios del estado español. El plazo para realizar el censo de elementos de amianto acabó el 9 de abril de 2023, al cumplirse un año de la publicación de la Ley de Residuos, por lo que los ayuntamientos ya deberían tener el censo y el plan de retirada.

A raíz de la transposición de diferentes directivas europeas de residuos, el Estado español afrontó durante 2021 y 2022 la aprobación de una nueva Ley de Residuos que supuso el primero gran paso para afrontar la erradicación del amianto en nuestro territorio. ​ Aprobada el 8 de abril de 2022, la nueva Ley de Residuos obligaba en todos los municipios a realizar un censo de instalaciones con amianto y a presentar un plan para su retirada. Esta información tiene que ser pública y compartirse con las administraciones autonómicas competentes porque se pueda hacer un correcto seguimiento de su eliminación. ​ Este hito fue consecuencia de decenas y decenas de entidades sociales que han trabajado durante los últimos años para poner de relieve la amenaza del amianto, durante tanto de tiempo silenciada. Y más concretamente de la plataforma social que ha exigido la inclusión del censo como primer paso en esta nueva Ley de Residuos. ​ Ahora, se cumple el primer cumpleaños de este hito, y es el momento de ver el compromiso real de las administraciones hacia las víctimas potenciales del amianto y de cumplir con la ley, que una vez pasada un año, ya obliga los ayuntamientos a tener su censo de elementos de amianto a sus términos municipales.

La población del Garraf ha confiado en DetectA para identificar las cubiertas con posible presencia de amianto su territorio como primer paso de la retirada definitiva de este elemento cancerígeno de su población.

Hace tiempo que sabemos sobre las consecuencias del amianto y hace tiempo que escuchamos a muchas entidades reclamando soluciones pero, como sus fibras, su presencia ha resultado invisible para las administraciones durante décadas. Por suerte, y gracias a la lucha de varios colectivos, esto hace años que está cambiando. Extrabajadores y trabajadores afectados, vecinos y familias que lo conviven de cerca y la experiencia de varios países más avanzados en la lucha contra esta sustancia cancerígena han transformado el amianto de amenaza silenciosa, a problema prioritario para la administración pública. Y a este caldo de cultivo se suman las directivas europeas, que obligan a su retirada total de todos los edificios públicos o muy transitados en 2028 y a la retirada general en 2032. En el ámbito catalán, se está redactando un plan nacional para su retirada y una ley para su erradicación, mientras que en España, la nueva ley de residuos que se tiene que aprobar este 2021 también está previsto que incluya un apartado dedicado al amianto. ​ Por primera vez, la administración parece decidida a tratar el tema como un problema de salud general, el primer gran paso que piden todos los colectivos afectados. Y, a partir de aquí, detectar todo el amianto y dimensionar, por primera vez, la magnitud del problema. ​Es el momento.

La detección de amianto es un tema importante en la seguridad y la salud ocupacional. El amianto es un material fibroso que se utilizó ampliamente en la construcción hasta que se prohibió su uso en muchos países debido a su peligrosidad para la salud. La exposición al amianto puede causar enfermedades graves, como el cáncer de pulmón y la mesotelioma, por lo que es esencial detectar y eliminar el amianto en los edificios. En Catalunya, se está llevando a cabo un censo de amianto y fibrocemento para identificar edificios y estructuras que contengan estos materiales. El objetivo del censo es tener una visión general de la presencia de amianto en Catalunya y establecer un plan de acción para su eliminación. El censo de amianto y fibrocemento en Catalunya se inició en 2018 con el objetivo de identificar la presencia de estos materiales en edificios y estructuras. El censo se llevó a cabo en colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones de propietarios, y se utilizó para recopilar información sobre la ubicación y la cantidad de amianto y fibrocemento presentes en los edificios y estructuras. El objetivo es eliminar el amianto de todos los edificios públicos en 2028, y del conjunto del territorio en 2032, tal y como marca la normativa europea. DetectA identifica cubiertas de fibrocemento a través de un modelo totalmente innovador basado en el uso de las redes neuronales e imágenes aéreas. Detectar la presencia de amianto de manera eficaz, eficiente y rápida es posible gracias a la tecnología y nos permite optimizar los recursos para solucionar esta amenaza silenciosa que nos afecta a todos y todas. En DetectA ayudamos en todas las etapas de la gestión del amianto y otros materiales fibrosos, desde la detección inicial hasta la eliminación segura y controlada.

Ayer, conocimos los planes de la Generalitat de Cataluña para conseguir erradicar el amianto de su territorio. Se prevé que bien pronto se apruebe el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Cataluña y que este sea el primer paso para poder eliminar el amianto del país en los próximos 10 años. De todos modos, el Gobierno lleva ya algunos años haciendo anuncios en este sentido que después no se han acabado de concretar completamente. Cuando menos, es sintomático que en 2022 no se convocara ningún tipo de ayuda para la sustitución de cubiertas de amianto, una práctica que se venir desarrollando en los últimos años. Por lo tanto, más allá de anuncios, el que se necesita es concreción y, el primer paso es elaborar un censo fiable y eficiente de la presencia real de elementos de amianto en Cataluña. Solo un buen censo que dibuje la situación real de la presencia de amianto permitirá empezar a solucionar el problema.